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"En los últimos días hemos recibido varias llamadas llamativas. Por un lado, nos llamó un inquilino para peguntar si podía acogerse a las ayudas del alquiler anunciadas por el Gobierno. Es un inquilino que lleva en paro desde el pasado mes de diciembre, con impagos y se plantea solicitar esas ayudas. Por otro, unos padres, ambos funcionaros, que su hijo ha dejado el piso para volver a su casa mientras dura la crisis y también quieren saber si podrán acogerse a algún tipo de ayuda estatal mientras dure el estado de alarma".
Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro destaca cómo esta crisis ha sacado y va a sacar lo mejor de las personas, pero reconoce que inevitablemente habrá quien intentará aprovecharse de esta situación- "Unos no tienen mala intención, preguntan por las ayudas por puro desconocimiento, mientras que otros sí parece que tengan mala fe y pueden intentar aprovecharse de ayudas que no les corresponden". El estigma de la España del Lazarillo de Tormes.
España se enfrenta a un cisne negro de consecuencias impredecibles. Miles de hogares hipotecados y otros tantos pagando un alquiler se han visto de la noche a la mañana salpicadas por una crisis, la del coronavirus, que ha provocado una avalancha de despidos temporales que ha situado a todas esas familias en una situación económica muy delicada para hacer frente, en el futuro más inmediato, al pago tanto de la hipoteca, el alquiler y otro tipo de deudas, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas de urgencia para evitar que ninguna de ellas pierda su casa y se quede en la calle.
Primero fue la moratoria hipotecaria que permite aplazar el pago de la hipoteca a familias en situación de vulnerabilidad y ahora ha llegado el turno para las miles de familias que viven de alquiler en España. En ambos casos, existen una serie de requisitos que limitan el acceso a este tipo de medidas o de ayudas públicas si bien, ante la posibilidad de aque unos pocos intenten aprovecharse de las mismas, el Gobierno advierte que quien intente hacerlo tendrá que enfrentarse a las consecuencias.
Mientras dure el estado de alarma, se espera que sean miles las familias que recurran a este tipo de ayudas que estarán vigentes mientras dura esta situación excepcional. Se espera pues, al igual que ha sucedido con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) una avalancha de solicitudes que habrá que atender en el menor tiempo posible, lo que podría dar lugar a posibles abusos por parte de algunos inquilinos, quienes no solo no lo tendrán fácil sino que se enfrentan a posibles sanciones.
"Eso lo damos por descontado, otra cosa es que lo tengan fácil, ya que los criterios son estrictos y no es tan fácil acreditar la condición de vulnerabilidad económica como consecuencia del COVID-19 si realmente no se está en ella", explica un experto hipotecario a El Confidencial. "Además, por lo que se refiere a la moratoria hipotecaria, la banca hace un filtro, por lo que no creo que en el caso de las hipotecas existan muchas familias que se puedan beneficiar de ella si realmente no cumplen los requisitos".
"El problema en torno a los alquileres", explica Antonio Carroza, "es que había mucha gente que esperaba una condonación de las rentas que finalmente no se va a producir. Mucha gente confiando en que no tendrían que pagar el alquiler de los próximos meses. De hecho, hemos tenido algún caso en el que el inquilino nos ha llamado para preguntar por las ayudas, se le ha ofrecido el aplazamiento del 50% del alquiler y como le decimos que tiene que seguir pagando el 50% restante y tendrá que acabar devolviendo ese 50% aplazado, nos dice que no le interesa", lamenta este experto. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener los servicios mínimos necesario y nos llaman para saber si se pueden acoger a algún tipo de ayuda aunque tengan ingresos asegurados y su situación laboral no ha cambiado".
Tenemos dudas de que el importe de esos créditos llegue a los propietarios si son los inquilinos los que tienen que pagar las rentas
Por otro lado, expertos como la Agencia Negociadora del Alquiler dudan de que "esas rentas, vía créditos ICO, lleguen finalmente a los propietarios, y en el caso que las pudieran cobrar, sería con mucho retraso, cuando recordamos que estos propietarios particulares necesitan esa renta con la misma urgencia que el inquilino”, señalan José Ramón Zurdo, director general de la compañía.
En su opinión, “el pago y el cobro del alquiler es algo que sucede todos los meses y este paquete de medidas que se han aprobado requiere de una tramitación y una burocracia que, en el mejor de los escenarios, puede durar meses, y mientras no se resuelven las rentas de alquiler del mes de abril que ya está aquí, o de los próximos meses de mayo o junio”, advierte José Ramón Zurdo. “El cobro de la renta de los propietarios no puede depender del tiempo que se tarde en la concesión de los créditos a los inquilinos, además con las dudas razonables de que el importe de esos créditos no llegue a los propietarios, si son los inquilinos quienes tengan que pagar las rentas a los arrendadores”, advierte Zurdo.
No obstante, el Gobierno no ha querido dejar pasar por alto esta circunstancia. Al igual que sucede en el caso de la moratoria hipotecaria, aquel inquilino que intente aprovecharse de la moratoria del alquiler o de las ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir los requisitos previstos, tendrá que enfrentarse a las consecuencias. "Será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar".
Aunque el real decreto no cuantifica el 'castigo', sí señala que el importe de los daños, perjuicios y gastos "no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma". Pero además, alerta de responsabilidad que se deriva para quien de manera deliberada y voluntaria, "busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas reguladas por este Real Decreto Ley".
Y añade el documento que "el deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que se hubiese beneficiado de las medidas de moratoria en este real decreto-ley sin reunir los requisitos previstos en el artículo 9, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar".
La presencia de subvenciones al alquiler para aquellas familias más vulnerables ha sido una constante en la reciente historia inmobiliaria de España. Sin embargo, ante el fuerte aumento de los precios alquileres en los últimos años y las diferentes posibilidades para frenar esta subida, las ayudas directas al alquiler siempre han recibido duras críticas de los expertos, quienes abogaban en primer lugar por una mayor oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles en el mercado, y en un segundo plano, a las deducciones fiscales.
Este tipo de ayudas en principio, nada tienen que ver con esas subvenciones. En primer lugar son temporales, mientras dura el estado de alarma, y en segundo lugar, se articulan mediante la concesión de microcréditos que el inquilino deberá devolver en un periodo de seis años, por lo que en un principio, este tipo de ayudas podrían no tener un impacto negativo sobre el mercado del alquiler como ha sucedido en el pasado.
Y es que, según el último informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler, "la teoría económica predice que buena parte de los subsidios y de las deducciones fiscales destinados a segmentos específicos de la demanda de alquiler se trasladan a los precios y generan un incremento de las rentas del alquiler cuando esta demanda se enfrenta a una oferta relativamente rígida -como es el caso de España-, especialmente en el corto plazo".
Quizá por ello el Gobierno ha decidido que todos aquellos contratos de alquiler cuya vigencia concluya coincidiendo con el periodo de estado de alarma y se prorroguen de manera automática durante seis meses, deberán mantener los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esto supone que el propietario no podrá subir el alquiler durante el próximo medio año. Una circunstancia, no obstante, que con un país en medio de una profunda crisis y un fuerte aumento del desempleo, previsiblemente no se producirá.
Al contrario, los expertos consultados anticipan una caída en el precio de los alquileres ante una demanda que, aunque sigue necesitando vivir de alquiler, posiblemente no podrá permitirse unos alquileres en máximos. Además, hay que tener en cuenta que en aquellas ciudades más tensionadas como en Madrid y en Barcelona, donde las rentas habían alcanzado máximos, ya se habían comenzado a registrar correciones de precios antes del estallido de la crisis del COVID19, una tendencia que los expertos esperan que se mantenga cuando se inicie la recuperación.
Según el informe del Banco de España, dentro de los países de la OCDE, el nuestro es uno de los países que menor cuantía en términos de PIB destina a políticas de subsidio al alquiler de vivienda, "debido a la mayor relevancia presupuestaria que tradicionalmente han tenido los programas que facilitan el acceso a la vivienda en propiedad a precios inferiores a los del mercado".
En este documento, el organismo regulador alerta de que buena parte del subsidio se traslada a los propietarios. "Los subsidios directos a la demanda para sufragar el alquiler suelen estar vinculados a no sobrepasar determinados niveles de renta por parte de los beneficiarios. Esta vinculación genera el riesgo de que los inquilinos reduzcan los ingresos declarados para mantener el subsidio, así como la posibilidad de desincentivar la participación de los miembros del hogar en el mercado de trabajo, al enfrentarse los beneficiarios a elevados tipos marginales implícitos si incrementan sus rentas laborales y pierden el subsidio a la vivienda de alquiler".
"La evidencia empírica muestra reducciones de la participación en el mercado de trabajo asociadas tanto al programa de cheques para el alquiler de vivienda de Estados Unidos como al programa housing benefit del Reino Unido", concluye el Banco de España en base a diferentes estudios.
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